En el punto de mira


11 de  Octubre de 2012

A nadie se le escapa que la situación por la que pasa nuestro país es extremadamente complicada: nuevos y drásticos ajustes recaen sobre los doloridos hombros de los ciudadanos españoles, mientras la prima de riesgo continúa su imparable ascenso y el fantasma de un segundo rescate se torna cada vez más corpóreo, casi palpable. En este contexto, son muchas las voces que señalan que los acontecimientos del 25, 26 y 29 de septiembre han podido dañar de algún modo la llamada marca España, y no les falta razón.

Es innegable que los hechos que las televisiones de todo el globo transmitieron durante estas jornadas de protestas no son en absoluto beneficiosos para la imagen de nuestro país, pero también es una muestra de frivolidad, falta de preocupación y poco sentido común acabar aquí el análisis.

La crispación social es palpable e imposible de disimular, por mucho que gran parte de los medios generalistas se empeñen en correr tupidos velos y recurrir a los apagones informativos al más puro estilo del NO-DO.

La realidad es que los pasados 25, 26 y 29 de septiembre fuimos testigos de incontables y vergonzantes escenas de odio y violencia, totalmente intolerables en un país que se jacta de tener un funcionamiento democrático.

Si bien todas estas jornadas estuvieron salpicadas de agresiones y abusos (por ambas partes, manifestantes y cuerpos de seguridad), los ataques absolutamente aleatorios contra ciudadanos que no provocaron de manera alguna a los agentes en la noche del día 29 en la barriada de Huertas, la batalla campal en el Paseo del Prado y el imperdonable ataque indiscriminado a los individuos presentes en la estación de Atocha (el pasado 25S) son acontecimientos que no pueden, de ningún modo, caer en el olvido.

Existen numerosos documentos gráficos que demuestran la participación de un cierto número de agentes infiltrados en los acontecimientos (para más detalles, tecleen “soy compañero” en Youtube), pero es absolutamente equivocado atribuir a estos policías toda la responsabilidad de lo ocurrido en estos actos de protesta, en los que una minoría de los manifestantes atacó con latas, piedras, botellas de cristal, palos, petardos y bengalas a los cuerpos de seguridad.



Un hombre pide a los violentos que dejen de lanzar objetos contra la policía en la manifestación del 25 S/


Sin embargo, no es menos cierto que la actuación de la policía, alabada por el ministro del Interior o por la delegada del Gobierno, jamás podrá calificarse como “magnífica” mientras defiendan la naturaleza democrático de este país. Insultado, intimidando y golpeando brutalmente a manifestantes y trabajadores de los medios de comunicación de manera gratuita, los encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos españoles tuvieron el papel protagonista en lo que parecía una película de acción al más puro estilo hollywoodense.

Nadie en pleno uso de sus facultades mentales cargaría contra un grupo de personas desarmadas sin ningún tipo de estímulo, y menos si estas cargas se producen en un estrecho andén junto al que circulan trenes, con el enorme riesgo que esto conlleva para todos los allí presentes.

El hecho de que el 99% de los agentes no lucieran el número de identificación e incluso se negasen a facilitarlo es sólo otro de los “detalles” por los que resulta absolutamente ridículo y hasta ofensivo asegurar que las fuerzas de seguridad se comportaron “magníficamente”.

La violencia es absolutamente intolerable, y debe ser rechazada por ambos bandos, pero son los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado quienes deben respetar y hacer respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, recogidos en la Constitución.

Del mismo modo, resulta un auténtico disparate plantear siquiera la posibilidad de acotar el derecho a la manifestación de los españoles, desarrollado en el artículo 21 de la Carta Magna. Las palabras de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes al respecto, o las declaraciones del presidente, Mariano Rajoy, en las que se permitía dar las gracias a todos aquellos que no ejercen su derecho constitucional a protestar pacíficamente, son sólo otra muestra de la falta de sensibilidad de quienes gobiernan con la verdadera situación por la que están pasando millones de ciudadanos.

Por otro lado, asumir la existencia de una hipotética mayoría silenciosa que sí aceptaría los recortes planteados por el gobierno no parece lo más adecuado, ni tampoco lo más razonable. Según el estudio de Metroscopia para el diario El País publicado el pasado 6 de octubre, el 77% de los españoles comparte los argumentos de los manifestantes que marcharon hacia el Congreso el pasado 25 S; otro indicio más de que el malestar de la sociedad es superior al que admiten los gobernantes.

Volviendo al punto de partida, no sólo injusto y equivocado ignorar el descontento social de los españoles, perceptible en todos los rincones de nuestra geografía, sino que además perjudica seriamente a la imagen de nuestro país: la credibilidad de España pende de un hilo, y el Gobierno debe ser muy cuidadoso con la percepción que el resto de naciones tenga de nosotros y no realizar más movimientos en falso, porque hoy más que nunca estamos en el punto de mira, y quienes nos observan no están nada contentos con lo que ven sus ojos.


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