La otra “toma” del Congreso

María Canelas Guerrero

11 de Octubre de 2012


El pasado 25 de septiembre tuvo lugar en Madrid la acción de protesta denominada “Rodea el Congreso”, en la que varios miles de personas se manifestaron frente a esta institución, blindada por las fuerzas del orden para la ocasión.

Poco antes de que esta acción reivindicativa tuviera lugar, varios dirigentes del PP descalificaron esta protesta tildándola de “antidemocrática”, y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal llegó a comparar esta manifestación con el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, perpetrado por el general Antonio Tejero.




Sin embargo, basta retroceder en el tiempo hasta el 23 de noviembre de 2005 para descubrir que un acto de protesta similar fue llevado a cabo por 200 altos cargos del PP Gallego.

En esta fecha, el Partido Popular en Galicia organizó una concentración ante las puertas del Congreso, y la tensión se extendió al interior del edificio situado en la Rúa do Hórreo (Santiago de Compostela) donde, a parte de los parlamentarios, había un grupo de personas invitadas por el PP.

Ante esta situación, la presidenta de esta cámara decidió expulsar a los invitados del PP, y sus lugares fueron ocupados por los parlamentarios populares como gesto de solidaridad.

Entre abucheos, vítores y demás interrupciones, la socialista Dolores Villarino, presidenta de esta cámara, llegó a comparar este acto con el 23-F, ya que impedía el normal funcionamiento del pleno: “Ao que mais me recorda isto é ao 23 F”.

Tras este comentario, los diputados abandonaron la sala con declaraciones como la del actual presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo: “ni somos fascistas ni tenemos que ver con el 23 F”. El PP anunció que estudiaría medidas legales contra la presidenta, a la que acusó de querer “amordazar” a la oposición.

Sin entrar a valorar cuán democráticas puedan ser consideradas ambas iniciativas, se nos plantean varias preguntas: ¿Por qué un grupo de ciudadanos que decide manifestarse ante el Congreso queda deslegitimado democráticamente y un grupo político que representa a sus votantes no? ¿Por qué una reivindicación que estaba autorizada (como fue “Rodea el Congreso”) tiene que seguir los cauces legales para poder ser llevada a cabo y el acto del Parlamento Gallego no? ¿Qué es más legítimo: que una parte del pueblo actúe o que lo hagan unos representantes de una parte del pueblo?



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