¿Es realmente ciega la Justicia?

Un estudio sobre las nuevas tasas judiciales


Alejandro López de Miguel y Borja Pulido Romero

05 de Diciembre de 2012


Imagine por un momento que fuese usted  gravemente herido en un accidente de tráfico, hasta el punto de quedar completamente inválido. Imagine también, que el responsable de este accidente es el conductor del otro vehículo implicado, y que usted solicita una indemnización de 300.000, 500.000 o incluso 600.000 euros al responsable de los hechos. Pues bien: según establecen las nuevas tasas judiciales, usted debería desembolsar en torno a 12.000 euros (además de los gastos de abogado, procurador, etc.) antes siquiera de llegar a juicio.

El día 21 del pasado mes, la Ley 10/2012 del 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en los Ámbitos de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,  fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Dicho de otro modo: ya está en vigor la ley que sitúa las nuevas tasas judiciales fijas entre los 100 y los 1.200 euros, a las que se añade una tasa variable del 0,5% (aplicable al importe económico demandado) en algunos procesos, tasas con las que el Gobierno espera recaudar una cuantía de 306 millones de euros.

Por primera vez para las personas físicas, (individuos, no empresas o entidades de otro tipo) presentar  una apelación conllevará un gasto de entre 300 y 800 euros, y un recurso de casación costará entre 600 y 1.200 euros. Si bien, las tasas no se aplicarán sobre todos los procesos, este aumento afectará sí afectará a la mayor parte de los que se incluyen en las jurisdicciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa.  ¿Tendrán los usuarios derecho al retorno de estos pagos cuando finalicen los diferentes procesos?

Según el magistrado Emilio García Cancho, en el caso de que un individuo obtenga una resolución positiva ante un tribunal, la otra parte correrá con el pago de esta tasa, aunque la jueza Victoria Rosell no lo tiene tan claro: “Está previsto que se incluyan en lo que se llaman costas y gastos jurisdiccionales.  Esto supone que  la parte que gana el proceso tiene, en principio, derecho a ser resarcida: en primer lugar, con la cantidad que haya pedido, y en segundo lugar, por sus costas de abogado, perito, procurador,  y  demás gastos. ¿Qué pasa? Que se lo estaría resarciendo la parte contraria, pero esto ocurrirá si esta parte tiene recursos, si puede pagarlo, y no se aplicará ninguna prioridad. Con lo cual, realmente es un gasto y no tenemos por qué pensar, en principio, que sea recuperable”.

No parece estar del todo claro si los ciudadanos podrán optar a la devolución de estos pagos (otras fuentes también aportan argumentos contradictorios), pero sí parece evidente que estas tasas afectarán a la inmensa mayoría de los ciudadanos (no así a las administraciones), y solo estarán exentos de su pago quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (todo aquel que pueda acreditar una renta inferior al doble del salario mínimo interprofesional en computo anual,  contando los ingresos de toda una unidad familiar: 1.100 euros netos mensuales).

Es cierto que diversos medios españoles han hablado de una moratoria que supuestamente retrasaría la entrada en vigor de esta ley,  pero la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, Victoria Rosell, señala que “hay una cierta confusión, pero esta norma ya se está aplicando. Con el problema de que Hacienda no tenía preparados los modelos de autoliquidación para pagar las tasas, hay personas que han hablado incluso de una moratoria, de un aplazamiento. No hay ningún aplazamiento: la ley  se publicó el 22 de noviembre en el BOE, por lo que la mayoría de los juristas entendemos, a nuestro pesar, que la tasa se devenga,  pero no se cobra hasta que no haya impresos de autoliquidación. Cuando existan los impresos se aplicarán a todos los procedimientos que han tenido lugar desde que entró en vigor la ley. De todas maneras, también pensamos que la ausencia de esos modelos indica el poco respeto que se tiene desde el Gobierno por la seguridad jurídica”.

Victoria Rosell
portavoz adjunta de Jueces para la Democracia 
Rosell es muy clara al tratar este asunto: “Antes solo tenían que pagar unos depósitos para recurrir en justicia las grandes empresas, y no los ciudadanos, y en ningún caso  la ciudadanía ha debido pagar para reclamar en las jurisdicciones Contencioso-Administrativa (cuando reclamas algo contra la Administración, sea del Estado, autonómica o local) o en la jurisdicción social…Todo esto se ha incluido en la nueva ley de tasas, con una cuantía que nos parece desproporcionada”.

La magistrada y la asociación a la que pertenece (que ha comunicado albergar serias dudas sobre la constitucionalidad de esta medida) no han sido las únicas en dar la voz de alarma; las críticas a la nueva ley, que comenzaron a llegar en el mes de febrero, cuando empezaba a gestarse esta reforma, se han multiplicado de manera exponencial, hasta resultar casi imposible reflejarlas todas en un mismo documento: la oposición (el PSOE amenaza con plantear un recurso de inconstitucionalidad), los mayores sindicatos representantes de los trabajadores de la administración de justicia (CSI-F, CCOO, STAJ y UGT y varios miembros del Consejo General del Poder Judicial, incluido su presidente, Gonzalo Moliner, que ve “difícilmente explicable” la subida de las tasas, pero asegura que los jueces están “obligados a cumplirla”) ya se han manifestado al respecto.

El propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce,  ha confirmado que su departamento se encuentra estudiando si la cuantía de estas tasas puede considerarse “excesiva”,  mientras que Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales han presentado un manifiesto para expresar su disconformidad con el contenido del nuevo Proyecto de Ley.

En esta misiva aseguran que las nuevas tasas “atacan el derecho judicial a la tutela efectiva”, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución. En otro comunicado, publicado en su página web el 22 de noviembre, Jueces para la Democracia recuerda que “el artículo 9.2 de la Constitución exige a los poderes públicos y, por lo tanto, a los jueces, promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivos”.

Victoria Rosell: “Los más afectados serán, quienes excediendo los ingresos previstos para tener acceso a la justicia gratuita, cuenten con  unos ingresos que no les permitan pagar 800 euros por una tasa fija, aparte de la variable. Según nuestros cálculos, el  60% de la población trabajadora podría entrar dentro de este grupo. Cualquiera que deba enfrentarse a una multa, a una separación o divorcio, a una reclamación contra una empresa instaladora o suministradora de servicios, deberá hacer frente al pago de una tasa que puede rondar los 800 euros o incluso los 1.200 euros para el Tribunal Supremo. Aparte, suma el  0,5% de la cuantía que reclamas; es obvio que con estos sueldos es inasumible. Estamos hablando de que deben desembolsar altas cantidades para ejercitar sus derechos, y eso es muy peligroso. Es contrario al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque si uno cree que tiene razón en su reclamación, y no se puede permitir pleitear, se está evitando el derecho de acceso a la justicia”. 

Después de las concentraciones del pasado 23 de noviembre, la Comisión Interasociativa del Conflicto de Jueces y Fiscales  ha convocado un paro parcial entre las 12 y las 13 horas el día 12 de diciembre, y plantea la posibilidad de convocar una huelga durante el mes de enero, si  el Gobierno finalmente  presenta el borrador para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Además, ha descartado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, como interlocutor para abordar esta reforma, la ley de tasas y otros aspectos (ha pedido continuar conversando con el presidente del Gobierno), y ha subrayado la falta de voluntad de  diálogo por parte del Ejecutivo.

Los jueces de Badajoz, entre los primeros en reaccionar a la subida de las tasas judiciales...

Del otro lado del ring, días después de que el Observatorio para la Violencia de Género criticase que la nueva ley se aplique también a las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, anunció ante el Congreso de los Diputados que las mujeres que hayan sufrido malos tratos, las víctimas del terrorismo, de trata de seres humanos, los menores maltratados y las personas con discapacidad, estarán exentas del pago de estas nuevas tasas, así como del  coste de abogado y procurador.

El titular de Justicia, que presentó este aumento de tasas como una medida para acabar con la saturación de los juzgados españoles, reconoce comprender que estas políticas no sean “en modo alguno” gratas para los jueces, y defiende que no se debe prestar “un trato diferenciado” a este colectivo.

Fuentes del Ministerio consultadas por este medio aseguran que la justicia seguirá siendo un derecho básico, y que “con el dinero recaudado con las tasas se garantizará el derecho a la justicia gratuita de los que menos tienen”.

Las mismas fuentes aseguran que con la próxima reforma de Ley de Justicia Gratuita,  “se ampliará el umbral para tener derecho a ella, de dos veces el salario mínimo interprofesional a dos coma cinco veces el IPREM (de 14.910 euros año se pasará a 15.975). A estos ciudadanos hay que sumar los que superan ese umbral, pero se consideraban casos excepcionales (familias numerosas, personas con discapacidad, etc.) y también tenían derecho a la asistencia jurídica gratuita, pese a cobrar hasta cuatro veces el SMI”  (29.820€ al año)

Además,  para recurrir la primera decisión judicial, trabajadores y autónomos tendrán una exención del 60%”, apuntan desde Justicia; al mismo tiempo que nos recuerdan otras medidas aplicadas por el Gobierno para acabar con la saturación que sufre la justicia (como la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles).

En cualquier caso,  los integrantes del Gobierno y del Partido Popular son los únicos agentes que de momento defienden claramente el aumento en las tasas judiciales; el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ya ha declarado que esta subida “refuerza la marca España”, y que en nuestro país estamos por debajo del promedio europeo en lo que a los costes de la justicia se refiere, citando a Alemania como ejemplo.

Como era de esperar, y dada la importancia de esta medida, y la decisión de las partes en conflicto de expresar y hacer valor sus ideas, la polémica está servida. Según afirma Victoria Rosell, “por las informaciones que nos están llegando, en Francia las tasas rondan los 35 euros en primera instancia y los 100 euros en segunda. Esto puede impedir a las personas que utilizan de modo abusivo la jurisdicción, pero permiten el acceso a la justicia. Donde en Francia es 100 aquí es 800, y si comparamos los salarios franceses y el nivel de vida con el nuestro, la desproporción parece todavía más evidente.  Nos parece que es una ley con afán meramente recaudatorio, y pone en peligro un derecho muy fundamental: saber de entre dos ciudadanos o un ciudadano y una empresa que tienen un problema, quién tiene la razón”.


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