25-S: mentiras, violencia, e impunidad para los agentes

Nuevos informes policiales                                                 Opinión

31/01/2013

Alejandro López de Miguel


El pasado 25 de septiembre, hace hoy poco más de cuatro meses, y en el marco de la acción de protesta "Rodea el Congreso" (orquestada por la Plataforma En Pie), al menos una docena de policías irrumpieron en el vestíbulo de la madrileña estación de Atocha, golpeando aleatoriamente a quienes encontraron en su camino.

Joven agredido por la policía en el vestíbulo de la estación.
Después de atravesar los accesos que el personal de la estación decidió mantener abiertos, dadas las circunstancias, los agentes de la UIP descendieron hasta las vías y volvieron a cargar indiscriminadamente contra los ciudadanos allí reunidos, aparentemente, sin reparar en el enorme peligro que suponía golpear  a los presentes en una plataforma de apenas cuatro metros de ancho, junto a la que además pasaban los trenes. Bendita inocencia.

El abuso de poder alcanzó su punto álgido, su clímax, en el momento en el que los policías amenazaron y agredieron a los trabajadores de la prensa allí presentes, que se encontraban haciendo lo posible por  inmortalizar el momento.

De hecho, no solo intentaron impedirnos desarrollar nuestra labor, ni se conformaron con gritarnos, insultarnos, dañar nuestros equipos y golpearnos; sino que meses después, algunos de los identificados, y a pesar de haber lucido las correspondientes credenciales de prensa durante esa noche, recibimos sendas multas de la Delegación del Gobierno, por un importe de 300 euros. En mi caso particular, la correspondiente sanción se sostiene en un precario equilibrio sobre una serie de acusaciones absolutamente falsas, que difícilmente podrían tener un menor parecido con la realidad.

El uso de material antidisturbios en una estación cerrada, la arbitrariedad de las cargas o la evidente falta de escrúpulos de los agentes allí presentes a la hora de silenciar de  forma agresiva a los informadores fueron, al parecer, daños colaterales, hechos secundarios que de ningún modo podrían empañar la intervención policial, que el ministro del Interior, Jorge Fernández, se apresuró a calificar de “ejemplar”, y que también contó con el visto bueno de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

Me pregunto si alguno de estos dos ilustres mandatarios habrá abierto un diccionario, tan siquiera por una vez . Me gustaría saber si conocen el significado de palabras como “ejemplar”, y ya puestos, el de términos como “cinismo”, “barbarie”, “falacia” o “abuso”.

Por otro lado, y si bien es cierto que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunció la apertura de una investigación interna, para conocer si se produjo alguna “irregularidad” en la actuación de los agentes que se personaron en la estación de Atocha, hasta ayer, y a pesar de que, según El País, la investigación se cerró el 5 de diciembre, la propia delegada del Gobierno afirmaba sin sonrojarse no tener constancia de que se hubiese abierto ningún expediente en relación con lo ocurrido aquel día. ¿Cómo iba a tenerla?

El siguiente número de esta suerte de circo de los abusos, este violento y amañado show, cuenta con el archivo de esta patética pseudo investigación como claro protagonista. La “investigación” se ha basado en la escucha de las grabaciones de los comunicados realizados a través de la sala del 091, en el informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía; y en un último informe de la Dirección de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe. Sin duda, tres fuentes neutrales, fiables, dignas de confianza. El mero hecho de que el informe de Renfe diga que “no se observa ningún empleo de la fuerza por parte de los efectivos contra los manifestantes”, es un evidente signo de la escasa solidez de esta investigación, y de la podredumbre de un sistema en estado comatoso.

Agente de la UIP disparando, 25-S
Quizás la señora Cifuentes debería dedicar más tiempo a visualizar vídeos en Youtube, o tal vez podría explicar en condiciones (y no como lo hizo en su intervención el pasado mes de noviembre en el programa de Mamen Mendizábal, en La Sexta) por qué las “notificaciones de sanción” (como ella las llama) han llegado a los ciudadanos sin que la investigación alcance a los agentes, porque no hay un solo expediente abierto por los abusos cometidos ese día. Y ya puestos, porque se atrevió a proponer siquiera la “regularización” del derecho a la manifestación (la palabra “regularización” nunca esconde nada bueno), o defendió esa absurda patraña de que aunque los agentes siempre lleven el número de identificación, a veces es difícil verlo por su tamaño. Igual, con hacerlos más grandes resolveríamos el problema, pero supongo que es una tontería. Claro que lo es, yo no soy político. Y además, ¿por qué íbamos a querer que los agentes pudieran ser identificados? Menuda idiotez, son la representación de la ley y por lo tanto es imposible que decidan infringirla. Sí, un soberbio razonamiento.

Recientemente, la Revista Pensamiento Crítico ha tenido acceso al informe policial elaborado en relación a la manifestación de “Rodea el Congreso”, que hoy publicamos, para que el lector sea testigo de la exageración, las incoherencias y las omisiones de la verdad que plantea.

Informe policial sobre la movilización del 25-S:






¿500 personas arremetieron violentamente contra el despliegue policial? ¿La fuerza mínima indispensable? ¿Una respuesta puntual por parte de los indicativos policiales para identificar y en su caso, detener a los autores? El número de personas que tiraron la valla apenas sería de 50 individuos, apenas un diez por ciento de la cantidad indicada. Por lo que respecta a la afirmación de que se usó la fuerza mínima indispensable (e insistiendo en que algunos de los manifestantes también recurrieron a la violencia), vuelvo a la idea de que una imagen vale más que mil palabras.

Heridos durante las protestas del 25-S

Rizando el rizo, entrando en las inexplicables contradicciones en las que incurrieron los agentes (y sus superiores) a la hora de satanizar a los informadores, contrastamos hoy las falsas acusaciones que la Delegación del Gobierno vertió contra este informador en el pasado mes de noviembre (gracias a la la correspondiente “notificación de sanción,  naturalmente) con los hechos que constan en el informe policial entregado a la Delegación del Gobierno de Madrid.

 Informe policial sobre los hechos ocurridos el 25 de septiembre en la estación de Atocha:





El colmo de la ineptitud, del paripé sin ensayar, de la mentira  que no se sostiene por su propio peso, es el hecho de que los cargos de los que se me acusa falsamente, sean notoriamente diferentes en ambos documentos. Según uno de ellos, presuntamente insulté a los agentes y amenacé con contar lo que estaba viendo (sin duda, algo que nadie esperaría de un tipo con una cámara y una acreditación de prensa al cuello), y, según el otro, supuestamente me dediqué a causar destrozos en la estación al mismo tiempo que hacía fotografías, y me negué a identificarme (tarea que quizás dificultase un poco la dichosa acreditación).


Notificación de sanción por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid:



Consciente de que para muchos lectores este último hecho aislado puede no tener ninguna importancia, no quiero dejar pasar la oportunidad de plantear la pregunta que tengo en mente: si la prensa no controla los abusos de los poderosos, si los periodistas no están ahí para contar lo que pasa realmente (léase Siria), ¿cómo garantizar que los ciudadanos tengan derecho a una información veraz?.

Como cualquier persona con dos dedos de frente sabe, matar al mensajero no es nunca la solución. El respeto a los derechos ciudadanos, a la legalidad, a la Constitución, no es cuestión de unos pocos, sino que debe empezar desde arriba, para después ser acatado por las bases. La violencia no es de recibo, la mentira tampoco, y vuelvo a insistir en que no tenemos el menor interés en dejar que estas dos ideas pasen por alto. Avisados quedan.
Plaza Neptuno, 25-S



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