El Partido Popular y su lucha por proteger a los trabajadores

07/02/2013

La delicadeza en el modo de tratar a sus trabajadores, aunque parezca sorprendente teniendo en cuenta la naturaleza de la reforma laboral que instauró en 2012, se ha constituido como uno de los rasgos distintivos del partido que gobierna este país. La formación dirigida por Mariano Rajoy, no solo permitió al ex tesorero Luís Bárcenas mantener un despacho en Génova y contar con un coche oficial hasta hace apenas unas semanas, cuando salieron a la luz algunos de sus trapos sucios, sino que además, está haciendo lo posible por mantener en su puesto de trabajo a Jesús Sepúlveda, ex marido de la ministra de Sanidad, Ana Mato (que, a juzgar por las últimas informaciones publicadas, no parece tener intención de dejar muy claro cuando se produjo verdaderamente su separación).
En 2009, tras veinte años militando en el Partido Popular,  y en un alarde de sentido común que compensaría poco después, Sepúlveda renunció a su cargo como alcalde de Pozuelo de Alarcón y cesó su militancia en el partido, tras su imputación en la conocida trama Gürtel, por la que también han sido imputados otros cargos del PP.
Lo que resulta verdaderamente asombroso es que, a pesar de la existencia de un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, que señala a Sepúlveda y a su ex mujer, Ana Mato, como receptores de  viajes y artículos de lujo pagados por la trama Gürtel, el Partido Popular sigue contando con los servicios del ex alcalde de Pozuelo, que, como todo trabajador, percibe un sueldo pagado por el partido. Para ser exactos, trabaja para esta formación desde el momento en el que se hizo pública su imputación en la trama corrupta, cuando renunció a la alcaldía y abandonó su excedencia como trabajador del PP (a la que debió acogerse cuando se presentó como candidato a dirigir el consistorio de la localidad madrileña).
Sepúlveda no puede ser considerado un trabajador normal, ni aquí ni en la China popular. De hecho, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, desconcertó hace un par de días a medio país afirmando que “los imputados no pueden ser despedidos legalmente”, incendiando de paso con sus declaraciones a buena parte de los restantes ciudadanos españoles (la cifra viene a rondar los 6.000.000, es posible que les resulte familiar).

Floriano, que se perfila como un político sin el menor sentido de la prudencia, o dotado de un talento sobrehumano a la hora de manejar el recurso de  la ironía, afirmó también que “no hay razón objetiva para echarlo de su trabajo, y por lo tanto no lo podemos hacer”. El insulto para los desempleados, en especial para todas las víctimas de la brutal reforma laboral del PP, llegó cuando Floriano esgrimió el enorme coste que el partido debería afrontar si decidiese prescindir de este trabajador. Aún hay más: la mayor ofensa a la inteligencia de los ciudadanos fue lanzada poco después, impactando como lo haría un directo de Muhammad Alí, cuando el vicesecretario de Organización y Electoral apuntó que Sepúlveda no desempeña sus funciones en la sede de Génova “por deseo expreso de la dirección”.

Si no hay razones para despedirlo, ¿por qué dimitió como alcalde? ¿Por qué trabaja en casa y no en la sede del Partido Popular? La falta de coherencia en este discurso alcanza su punto culminante cuando Floriano se atreve a defender que en  caso de que un juez declarase improcedente este despido, el PP se vería obligado a readmitirlo; un nuevo error o una descarada mentira por parte del Partido Popular.

La realidad es que hay fórmulas legales para que el PP se deshaga del señor Sepúlveda, y el precio a pagar por este y otros despidos, seguirá aumentando si no afrontan ya una limpieza a fondo en sus filas. El coste electoral al que hace referencia el último sondeo del CIS (realizado antes del escándalo de Bárcenas) es solo una parte del enorme precio que deberá pagar el Partido Popular si continúa escondiendo la verdad, protegiendo a quienes están imputados en casos de corrupción, a los que celebran fiestas en las que tiran 4.600 euros en confeti (cortesía de la Gürtel), y a todos aquellos que se acogen a una amnistía fiscal que, curiosamente, les sienta como un traje hecho a medida. 

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