Oposición pública

Ana Terroso Conejero

01/03/2013

Es un hecho latente que, con la pronunciada crisis que vive nuestro país, existan recortes en cualquiera de los sectores del llamado Estado del Bienestar. Hoy somos testigos de cómo la Sanidad Pública y la Educación recorren un camino hacia la deriva, marcado por los políticos elegidos en las urnas.

Optar a un puesto de trabajo en la empresa privada resulta complicado hasta para un cum laude. Hablar varios idiomas, una experiencia mínima de 3 años, o total disponibilidad, son, entre otros, los requisitos que no todos los jóvenes recién titulados pueden reunir. Por ello, muchos recurren a una de las alternativas: el empleo público.

El número de funcionarios en España asciende a 2.917.200 personas (según datos de la Encuesta de Población Activa del año 2012), repartidas en las distintas administraciones públicas, centrales y autonómicas. Lógicamente, mantener este entramado de casi 3.000.000 de trabajadores, supone un gasto muy importante para la Administración, de aproximadamente 110.000 millones de euros.

A principios del año 2012, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidió eliminar la oferta de empleo público. Una decisión arriesgada ya que, durante este año, debían haberse convocado oposiciones en todas las comunidades que así lo solicitasen. Los detalles sobre la eliminación de estas pruebas de acceso al cuerpo de trabajadores del Estado son interesantes, ya que existen servicios básicos para sanidad, educación y fuerzas armadas, y las comunidades autónomas pueden convocar plazas hasta cubrir el 10% de las bajas producidas en las diferentes áreas, lo que comúnmente se denomina tasa de reposición.


Oposiciones a docente / CC: eldiario.es

Lo cierto es que comunidades como Cataluña o Cantabria cancelaron en su totalidad la convocatoria de oposiciones. En el caso de la comunidad catalana, el Ministerio de Economía recurrió al Govern dicha decisión. Aún así, se redujeron las plazas de 3.194 a 1.245, cumpliendo, eso sí, con la tasa mínima. Andalucía fue sido la comunidad que más plazas ofertó, 3.796, a las que se presentaron 37.000 aspirantes.

A mediados del año 2012, y ya con la restricción de oferta pública, Andalucía convocó oposiciones. El Gobierno central, a través del Tribunal Constitucional, consiguió frenar la oferta pública  para centros de secundaria y formación profesional. Según declaraciones del Ejecutivo, la oferta andaluza “no respeta los límites impuesto en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30% de efectivos”.

Aunque la Junta de Andalucía aprobó su oferta de empleo público el 27 de Diciembre de 2011, fijando una tasa de reposición del 30% en sus Presupuestos, el 30 de Diciembre de ese mismo año, el Gobierno central aprobó el real decreto ley 20/2011, que entre otras restricciones presupuestarias, establecía la rebaja de dicha tasa al 10%, con lo que sólo podían cubrirse una de cada diez jubilaciones al año.

En agosto del pasado año, se aprobó el Plan Presupuestario 2012-2014 ante Bruselas, en el que se ratifica la paralización de las convocatorias de empleo público, tanto en 2013 como en 2014. Se seguirán manteniendo las tasas de reposición al 10% para funcionarios docentes, plazas de hospitales y centros de Sistema Nacional de Salud, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como para el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Gracias a esta media de congelación, prevista para el año que cursamos, el Gobierno pretende ahorrar  en torno a 3.500 millones de euros.

Por otro lado, a finales del pasado 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la convocatoria de 1.600 plazas de empleo público en la Administración General del Estado para este año 2013, concentradas en tareas de lucha contra el fraude fiscal, representación en el exterior y en la Administración de Justicia.

A ellas, hay que sumar las oposiciones para el sector de la educación que se  celebran este año en distintas comunidades autónomas. En principio, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja sí celebraran pruebas de acceso al empleo público, junto a Valencia, donde se ofertan 300 plazas para personal docente, o Extremadura,  que ofrecerá 100 plazas en este sector.

En Sanidad, la Comunidad de Madrid oferta 1.600 plazas de enfermería y 1.300 para auxiliares, y aunque aún esté pendiente la confirmación del examen por parte de la Consejería de Sanidad, se espera que sea celebrado a mediados de este mismo año.

Dado que aún estamos en el mes de febrero, y es difícil saber si se celebrarán o no estas oposiciones y de qué forma, y teniendo en cuenta la reducción de plazas con respecto a años anteriores, cedemos la palabra a dos jóvenes que ya han completado sus estudios (en el sector sanitario y educativo, respectivamente), y que resumen para nosotros como se enfrentan a estas oposiciones.


Sonia Tardío Montero (4 de Junio de 1988) es Diplomada Universitaria en Enfermería (UNEX). Actualmente, estudia para conseguir el título de Experto Universitario en Urgencias y Emergencias en el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería.

Su último trabajo como enfermera ha sido en la “Residencia Socio-Sanitaria Virgen del Carmen”, de Alburquerque (Badajoz) como Directora – Enfermera.

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Ana María Alegre Mariscal  (18 de Agosto de 1990) es diplomada en Magisterio, Especialista en Educación Primaria (UNEX). Cursa un Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria (especialidad en Orientación Educativa)

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