Sillas musicales

Número 12   - 18/03/2013

El que fuera ministro de Fomento durante la etapa de gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, José Blanco, imputado por un delito de tráfico de influencias y prevaricación, ha ofrecido una rueda de prensa para defender su inocencia, descartando dimitir mientras el proceso siga en fase de instrucción.

Desde el estallido del caso Campeón y la imputación del diputado socialista en noviembre de 2011, y a pesar de que cada vez son más los indicios incriminatorios, Blanco defiende, insiste, proclama y vuelve a insistir en su inocencia. 

El ex ministro se une así a una larga lista de cargos públicos españoles aferrados a sus privilegios, parapetados tras el principio de la presunción de inocencia. 

Es cierto que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero también lo es que quienes promulgan medidas de austeridad, reducciones de salarios, tasazos judiciales, amnistías fiscales y otros atentados contra el mal llamado Estado del bienestar, deben ser escrupulosos a la hora de cumplir con la legalidad y la ética.

Uno de los factores que explican el creciente malestar de los españoles con la clase política es la falta absoluta de sincronía entre los ciudadanos y el poder que les gobierna. Y es bastante lógica. ¿Cómo pueden pedir sacrificios a los  ciudadanos quienes siguen contando con coches oficiales, dietas y complementos absolutamente desproporcionados para la situación que vive el país? ¿Con qué autoridad moral pueden pedir que se trabaje más por menos quienes no están dispuestos a renunciar a parte de sus privilegios? ¿Cómo puede exigir el cumplimiento de la legalidad alguien manchado por la sombra de la corrupción, la prevaricación o el abuso de poder?

El hecho de promover una reforma laboral que ha tenido efectos destructivos para los trabajadores, que permite la flexibilización del despido en un país con una tasa de paro del 26%, mientras los gobernantes imputados en casos de corrupción se niegan a dimitir es incoherente, y resulta absolutamente inadmisible en otros países de la UE.

En estados como Francia, Alemania o Inglaterra existen varios ejemplos que confirman esta idea: los cargos públicos deben contar con autoridad moral, tienen que ser un ejemplo. Es necesario que entiendan la política como un servicio para los ciudadanos, por lo que deben estar dispuestos a abandonar sus puestos de trabajo cuando existan sólidos indicios que les vinculen con actividades ilegales o inapropiadas (por decirlo de manera amable).

José Blanco, Francisco Camps, Andrea Fabra o Ana Mato son solo distintos ejemplos, conocidos políticos españoles adictos a una variante del juego popular de las sillas musicales. La música sigue sonando, pero los jugadores no están dispuestos a alejarse de sus sillas, aferrándose a ellas como si su vida dependiese de ello, con todas las consecuencias que eso implica para el resto de la clase política.


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