Filoterroristas, indemnizaciones en diferido y otras tretas del lenguaje


Número 13 - 01/04/2013

En pleno estallido de la crisis económica, entre los años 2007 y 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recurrió a todo tipo de eufemismos, imprecisiones y mentiras para ocultar esta recesión. La España que todavía hoy no ha podido vislumbrar los célebres brotes verdes, comenzaba a padecer la resaca post burbuja inmobiliaria, aunque el Ejecutivo hiciera lo posible por disimularlo, recurriendo a diversas tretas lingüísticas.

El uso del lenguaje como arma arrojadiza es un hecho probado: renunciar a la utilización de la palabra desahucio o denominar préstamo en condiciones ventajosas a un rescate económico es manipular intencionadamente la realidad. Así, el Gobierno promueve regularizaciones fiscales, mientras que su rival político ofrece amnistías fiscales, y el ex tesorero del PP sale por la puerta grande con una “indemnización en diferido en concepto de simulación”.

La manipulación lingüística ha sido fundamental para lograr la demonización de Artur Mas, la centralización del debate político en torno a la  independencia catalana, y no en la pésima gestión del president, o el eterno retorno a los acontecimientos que tuvieron lugar en el Madrid Arena; técnicas que los poderes utilizan para ocultar lo realmente importante, independientemente de su signo político.

Las  graves acusaciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sobre la vinculación entre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y  la organización terrorista ETA, no solo carecen de bases sólidas, sino que además buscan minar el nombre de la PAH y de su portavoz, Ada Colau.

Dejando a un lado el evidente interés del Gobierno por restar credibilidad a la Plataforma, que ya ha logrado impedir un número importante de desahucios, y que ha anunciado el estudio de acciones legales ante este  insulto, la falta de escrúpulos que manifiestan quienes comparan a una organización no violenta con los asesinos que aterrorizaron a los españoles durante décadas podría ser constitutiva de delito.

Desde este medio ya hemos alertado del peligro del lenguaje si es usado como arma, exactamente lo que están haciendo desde el Gobierno: criminalizar la técnica del escrache y a los que lo aplican, calificar de filoterrorista  a una organización que lucha por cambiar una situación injusta, dolorosa y evitable, que los distintos gobiernos españoles, e independientemente de su color político y a pesar de las indicaciones de Europa, se han negado a cambiar. La falta de preocupación de la clase política roza los límites de la criminalidad: los desahucios cuestan vidas.

Para el que lo sufre, el escrache puede ser desagradable, estresante, e incluso una forma de acoso. Sin embargo, el hecho de que distintos grupos de ciudadanos empleen estas técnicas no es más que una demostración clara de la situación en que se encuentran millones de españoles, el reflejo de lo que están viviendo. ¿Se sienten presionados los representantes políticos por estas acciones? En ese caso, por fin se encuentran en sintonía con quienes les dieron su confianza en forma de votos.

Esta es la realidad, sin filtros ni maquillajes: la violación de derechos fundamentales a la que estamos sometidos es imperdonable, y  los ciudadanos tienen derecho a denunciarlo. El escrache no es más que el vehículo de expresión de quienes sufren esta eterna crisis, y mientras se mantenga como una técnica de protesta pacífica, no es admisible la criminalización de los miles de españoles que cada día expresan su malestar ante la situación que les toca vivir.



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