"Donde dije digo, digo rescate"


Chema Castaño Risco

Número 16 -  15/05/2013

El pasado lunes 6 de mayo, Mariano Rajoy aseguró en una reunión con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular: "si no llegamos a subir impuestos, ahora estaríamos rescatados".

Portada del diario La Razón
Es necesario hacer una rápida retrospectiva para rebatir estas declaraciones del presidente del Gobierno, pues no es cierto que España haya evitado el rescate bancario. Nos remontamos al sábado 9 de junio del 2012, cuando el titular del Ministerio de Economía, Luis de Guindos, anunció la demanda de "un préstamo en condiciones muy favorables" al Eurogrupo o lo que es lo mismo, un rescate de hasta 100.000 millones de euros al sector bancario español, concedido meses después.

Mucho se había especulado y debatido sobre la necesidad de esta medida, pero el Ejecutivo popular negó que fuera a solicitar esta ayuda. Finalmente, sometido a la presión de la Comisión Europea (CE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) –e incluso de la Administración Obama-, el Gobierno de Rajoy aceptó la ayuda económica para sanear el sistema financiero español. Según explicó De Guindos, el dinero sería devuelto por las entidades bancarias una vez saneadas, y la petición de este rescate no tendría ninguna repercusión para los ciudadanos españoles.

El presidente Rajoy compareció en rueda de prensa un día después de hacerse pública la noticia, satisfecho por el "crédito en condiciones ventajosas" logrado gracias al acuerdo con el Eurogrupo. "Si el Ejecutivo no hubiera hecho los deberes en estos últimos cinco meses, ayer se hubiera planteado la intervención del Reino de España", aseguró Rajoy. Horas después viajó a Gdansk (Polonia) para presenciar el debut de la selección española de fútbol en la Eurocopa 2012.

El 24 de junio, España firmó con el Eurogrupo y el BCE el llamado  Memorando de Entendimiento (MoU), a través del cual se sentaron las bases y las condiciones del rescate, entre ellas los planes de reestructuración a seguir por las entidades financieras, y la constitución de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).

Los fondos, procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), fueron ingresados al Gobierno español en diciembre del 2012 y han sido gestionados por el Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB). Este organismo -creado por el Ejecutivo socialista para recapitalizar a los bancos- es el que distribuye las ayudas entre las entidades financieras rescatadas. Desde este momento, los bancos reflotados han estado supervisados por el FMI y el BCE, sufriendo reformas internas como la renovación de las cúpulas directivas responsables de la gestión de estas entidades, y otras modificaciones que han influido notablemente en la transformación del sector bancario.

El rescate se ha repartido hasta la fecha en dos fases, por un valor total de 41.865 millones de euros. En el primer estadio de la operación se ingresaron 40.000 millones a las entidades previamente nacionalizadas: BFA-Bankia (17.960 millones), CatalunyaBanc(9.080 millones), NCG Banco(5.425 millones) y Banco de Valencia(4.500 millones). Durante la segunda fase, en marzo de 2013, se inyectaron un total de 1.865 millones en las siguientes entidades: Banco Mare Nostrum (730 millones), Banco Ceiss (604 millones), Caja3 (407 millones) y Liberbank (124 millones).

Este rescate financiero no solo ha generado reformas en las entidades agraciadas con la ayuda, ya que los recortes presupuestarios sufridos en materias de Sanidad o Educación -entre otros- y la subida del IVA y otros impuestos coinciden con la fecha de concesión del auxilio al maltrecho sistema bancario español. Estas reformas estructurales, promovidas por la Unión Europea, tienen como finalidad rebajar la deuda española mediante políticas de austeridad que afectan especialmente a las instituciones públicas.

En los distintos países intervenidos por la troika se ha repetido el modelo económico basado en medidas de ajuste para las entidades públicas. Los ejemplos de Portugal, Grecia, Irlanda o Chipre no coinciden plenamente con el rescate desarrollado en España, que guarda características propias relacionadas con su realidad política, económica y social. Sí es común a todos los países rescatados la pérdida del anhelado Estado del bienestar.

Repasando los sucesos acaecidos desde el rescate de la banca española y teniendo en cuenta la capacidad de los políticos para tergiversar los hechos, ¿es aconsejable confiar en la buena praxis y capacidad de aquellos que nos gobiernan? ¿Debemos hacer caso de los pronósticos y análisis que los gobernantes vierten en la sociedad, a menudo sujetos a intereses partidistas o financieros?


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