Haciendo cuentas

Número  17 - 04/06/2013

El anuncio de la UE de la apertura de un expediente contra España  por la negativa a reconocer la Tarjeta Sanitaria Europea en distintos hospitales públicos que, supuestamente, cobran a los ciudadanos comunitarios por servicios que habitualmente son gratuitos, ha supuesto un nuevo jarro de agua fría para el Gobierno, empeñado en disimular la demolición del mal llamado Estado de bienestar.

La muerte de un ciudadano senegalés de apenas 28 años enfermo de tuberculosis, que no fue atendido por no contar con tarjeta sanitaria hace apenas un mes en Mallorca, los cierres de puntos de urgencias en distintas comunidades y las cada vez más frecuentes  “externalizaciones” –privatizaciones, en argot político- son ejemplos suficientes para demostrar que el sistema sanitario no es- ni mucho menos-  intocable, por si aún quedaban dudas.

La Comunidad de Madrid, donde el calculador consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty ha logrado unir por vez primera a todos los colectivos sanitarios -al César lo que es del César- contra el llamado  Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, es probablemente una de las más afectadas por este tsunami privatizador.

Con la vista puesta en la controvertida Ley Wert, y para comprobar si los españoles educados según las distintas ordenanzas podemos o no resolver sencillas operaciones matemáticas, proponemos al lector que dedique unos minutos de su tiempo a refrescar las sumas, restas y alguna que otra ecuación.

Según las estimaciones incluidas por la propia Comunidad en el citado Plan,  el coste medio anual por enfermo en los centros públicos es de 600 euros, situándose en los 484 euros en los hospitales de gestión privada. Pasando por alto el aumento en 40 euros en esta estimación -de 440 en el momento de publicación del Plan a 484 hoy, según las últimas informaciones-, y siempre según las cuentas del gobierno autonómico, ¿cómo se explica que la calidad asistencial pueda ser la misma -tal como aseguran- con 116 euros menos por enfermo? ¿Desperdician los gestores públicos 116 euros por paciente?

Si las empresas deben garantizar el mantenimiento de la calidad asistencial, ¿dónde están los beneficios? Si el objetivo de toda empresa es obtener ganancias, y hoy existen numerosas organizaciones  dispuestas a hacerse con la gestión de seis hospitales públicos en Madrid, parece claro que, en contra de lo que asegure la Administración, la sanidad sí puede reportar beneficios. ¿O acaso es meramente casual que seis hospitales nuevos, en su mayoría construidos con los impuestos de los propios madrileños, pasen a ser explotados por empresas, que gozarán de instalaciones y equipos que no han costeado? Si estos hospitales han sido sufragados por los contribuyentes, ¿deberían publicarse los porcentajes de ganancias que esperan obtener las posibles concesionarias?

Sindicatos, ayuntamientos, asociaciones profesionales y entidades sociales que forman el Observatorio Madrileño de Salud han exigido al presidente González la publicación de las cuentas del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), además de garantizar la transparencia de los contratos que el Gobierno mantiene con las concesionarias.

Al parecer, los distintos colectivos profesionales implicados , participantes en sucesivas mareas blancas y asociaciones varias no han sido los únicos en hacer cuentas; el Gobierno autonómico y las empresas ya lo han hecho, conscientes de que -por desgracia- en un país envejecido, estallada la burbuja de la construcción -el New York Times alertaba hace un mes del peligro de creación de una burbuja sanitaria- y con nuestra capacidad adquisitiva en caída libre, la sanidad es una clara apuesta de futuro, un negocio. Salvo para los ciudadanos, la sanidad sí renta, seamos o no capaces de verlo.


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